El sistema sanitario panameño está atravesando su más serio cuestionamiento en la historia reciente. Por un lado, la mayoría de los importadores de alimentos (no todos) se queja de la forma en que el MIDA adjudica las Licencias de Importación que, aseguran, es discrecional y antojadiza. También afirman que, una vez que los productos frescos importados llegan a nuestros puertos, el diagnóstico fitosanitario (para detección de plagas y enfermedades) es muy lento y las decisiones que se toman con base en sus resultados (retener, devolver, aplicar tratamiento fitosanitario o destruir la mercancía) son, con frecuencia, discrecionales. Esto último, también, lo aseveran algunos importadores de semilla.
Otro tema muy sensible en nuestro sistema fitosanitario es el de los Requisitos Fitosanitarios. Estos documentos muestran la situación de las plagas y enfermedades que son de importancia cuarentenaria para el país, desde el punto de vista fitosanitario, ya sea porque están ausentes de nuestro territorio (y no queremos que ingresen por el daño económico potencial que podrían causar en los cultivos y/o porque su presencia pondría en peligro las exportaciones de algunos cultivos por el cambio en el estatus fitosanitario que provocarían) o porque su presencia es de baja prevalencia y/o distribución (y queremos erradicarlas o mantenerlas de este modo mediante regulaciones para, por ejemplo, declarar áreas libres aptas para cultivos de exportación). También establecen ciertas condiciones que debe cumplir el exportador de la mercancía para su ingreso a Panamá (tipo de embalaje, tratamientos fitosanitarios, etc.). Estos requisitos tienen que ser enviados por el importador (de alimentos frescos, plantas o semillas) o su corredor de aduanas al suplidor en el país exportador (antes de embarcar la mercancía para su envío al país de destino) para que este último certifique, por medio de un Certificado Fitosanitario expedido por su autoridad fitosanitaria respectiva, que la mercancía, en efecto, satisface todas las cláusulas de nuestro Requisito Fitosanitario y está libre de las plagas y enfermedades que señala como cuarentenarias para Panamá. De no cumplirse con este Requisito, el MIDA puede decidir, amparado por las leyes nacionales e internacionales (Ley 47 de Sanidad Vegetal y normativa de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, CIPF, de la FAO, de la que Panamá es signataria), manejar el riesgo aplicando un tratamiento para controlar la plaga y autorizar el ingreso de la mercancía, devolver la mercancía a su país de procedencia o destruirla si se amerita, con el fin de proteger el patrimonio fitosanitario panameño. Algunos importadores de alimentos frescos y de semillas, así como las empresas de ciertos países exportadores acusan al MIDA de falta de transparencia, de improvisación y de utilizar estos importantes documentos como obstáculos técnicos al comercio.
En el otro extremo de las cadenas agroalimentarias de los cultivos están los agroexportadores (muchos de los cuales producen lo que exportan), los productores que abastecen el mercado nacional y los consumidores. Los primeros dependen de la eficacia del sistema fitosanitario del MIDA en dos vías: 1) que se impida la entrada de plagas y enfermedades cuarentenarias (exóticas o no), que puedan ingresar al territorio nacional usando como vehículos los productos alimenticios frescos, plantas o semillas importados, constituyéndose en riesgos para la producción y la exportación (al ser incluidas en los Requisitos Fitosanitarios de los países que importan nuestros productos) y 2) que el sistema de inspección fitosanitaria (en campos de producción y en plantas de empaque) y la emisión de los Certificados Fitosanitarios, sean confiables y expeditos, para evitar intercepciones de plagas o enfermedades en los productos frescos panameños de exportación, en los puntos de ingreso a los países de destino. Del mismo modo, los productores que abastecen exclusivamente el mercado nacional también dependen del sistema fitosanitario del MIDA pues, para el éxito de sus cultivos, requieren de semillas viables y sanas y de que se impida el ingreso de nuevas plagas y enfermedades que tendrían que combatir, con el consecuente incremento de sus costos de producción y la pérdida de competitividad frente a los productos importados, muchos de los cuales son altamente subsidiados en sus países de origen. Finalmente, pero no menos importantes, los consumidores nacionales, último eslabón de las cadenas agroalimentarias que, diariamente, ven reducida su capacidad de adquisición de alimentos por el alto costo de los mismos. Ellos exigen que los productos que consumen (nacionales e importados) cumplan, al menos, con los estándares que aseguren su calidad e inocuidad. Son ellos los que mantienen vivo y pujante el negocio de la producción, la importación y la comercialización de los alimentos e insumos agropecuarios.
Algunos medios de divulgación nacionales, usuarios o clientes del sistema fitosanitario panameño (importadores de alimentos frescos, plantas y semillas, principalmente) y grandes consorcios o empresas extranjeras que lucran exportando sus productos al mercado nacional solo destacan o ponen en alto relieve las fallas o problemas que encuentran en el sistema fitosanitario del MIDA. Ciertamente que existen, por muchas y variadas razones que sería muy largo enumerar en este espacio. Entre estas: 1) la necesidad urgente de unificar la gestión normativa de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal y la ejecutora de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, bajo una sola línea de mando, para lograr consistencia en la toma y ejecución de las decisiones; 2) modernizar y completar la reglamentación de la Ley 47 de Sanidad Vegetal para asegurar su total armonización con la normativa de la CIPF; y 3) elaborar e implementar los manuales de procedimiento que se requieren para asegurar consistencia, efectividad y transparencia en todas las gestiones. Por otro lado, las fallas son fácilmente corregibles, a lo interno de este Ministerio, con decisiones inteligentes y mucho sentido de patria. Sin embargo, es menester aclarar que no todas las fallas son atribuibles al sistema oficial. También hay usuarios (importadores, corredores de aduana) responsables de algunos de los problemas y distorsiones que se presentan cuyas causas son conocidas, podrían señalarse y deben ser corregidas. Afortunadamente, no todo es negativo. La gran mayoría de los servicios y trámites fitosanitarios que ejecuta el MIDA son eficientes y culminan en beneficio para los usuarios y la fitosanidad del país. Incluso, algunas decisiones de tipo fitosanitario que ha tomado el MIDA en salvaguarda del patrimonio fitosanitario nacional, de los mismos importadores y de los consumidores han sido del todo incomprendidas (por personas que no manejan los complejos temas fitosanitarios) y hasta utilizadas, por otros, con fines que nada tienen que ver con el interés del sector, el bienestar de los consumidores o el patriotismo. En los medios se afirma que el sistema fito y zoosanitario de Panamá es uno de los diez mejores del mundo. Por lo menos, puede asegurarse que la fito y zoosanidad panameñas han protegido al país, por muchos años, de una amplia gama de plagas y enfermedades que serían devastadoras para la agricultura y la salud pública si llegaran a ingresar en nuestro territorio (hay muchos ejemplos tanto en la parte vegetal como en la animal).
En cuanto al tema de la expedición de Licencias de Importación, el MIDA siempre ha tratado de cuidar la producción nacional, manteniéndose dentro de las normas internacionales vigentes. Este es, sin duda, uno de los temas más delicados y controversiales que han motivado la actual crisis del sistema agrosanitario nacional. Hay quienes afirman (con o sin conocimiento profundo del tema y con muy variados propósitos), que el MIDA maneja a discreción y manipula la adjudicación y expedición de este importante documento, centro neurálgico vital de todo el negocio de la importación de alimentos frescos. Cuidar la producción nacional significa programar, ajustar o autorizar las importaciones de alimentos o productos frescos sensitivos (arroz, maíz, hortalizas de altura y algunos granos básicos, entre otros) dentro de las épocas del año en que la oferta nacional es nula o no cubre la demanda de consumo. Este es un procedimiento normal en todos los países productores (que requiere del establecimiento de un mecanismo de coordinación y concertación entre importadores, distribuidores y autoridades) y es un derecho inalienable que tenemos como panameños. Es durante estos períodos que se abren ventanas u oportunidades para los importadores a través de los contingentes ordinarios pactados ante la OMC, que ocurren todos los años en las épocas normales de desabastecimiento de los distintos cultivos. También existen los contingentes extraordinarios, que se presentan de tiempo en tiempo, por problemas que afectan la producción nacional programada y estimada en el seno de las distintas Comisiones por Rubro del MIDA (con participación activa de todos los actores clave, principalmente los productores), como sequías prolongadas, exceso de lluvias, ataques severos de enfermedades y plagas y otras contingencias. Este proceder es perfectamente legal y patriótico, a diferencia de la doble moral que exhiben algunos países exportadores que, en abierto y flagrante desacato de las normas del comercio internacional pactadas en el marco de la OMC, asignan mega subsidios a su producción y, encima de eso, pretenden que las autoridades nacionales competentes se crucen de brazos y no respalden a nuestros productores, de quienes depende el sustento -directa o indirectamente- de miles de hogares panameños.
Otros señalan que la corriente aperturista de los mercados (que, a nivel mundial, impulsan ciertas entidades financieras internacionales y que, por cierto, está plagada de distorsiones de las que los países en vías de desarrollo no son los mayores responsables pero si los más perjudicados) nos obliga a navegar en este mar borrascoso (la suscripción de tratados de libre comercio, TLC’s) para poder llegar a puerto seguro. Esto es, en cierto modo, verdad, porque, simplemente, nuestros países quedarían al margen de algunos beneficios importantes que canalizan estas instituciones internacionales, incluyendo préstamos y otras ayudas al desarrollo. También se dificultarían nuestras exportaciones hacia los megamercados, que darían prioridad a los productos de países con los que tengan vigentes TLC´s o algún tipo de afinidad o relación. En otras palabras, quedaríamos aislados del resto de la comunidad internacional. Por estas y otras razones, Panamá se adhirió a la OMC, en 1997, siendo uno de los últimos países del Continente Americano en firmar este acuerdo comercial vinculante. Sin embargo, la estrategia de los desgravámenes pactados y programados para desmantelar nuestros sistemas arancelarios (considerados barreras, obstáculos o distorsiones al comercio que impedían la entrada, principalmente, de productos frescos importados) con el objetivo de fomentar el libre comercio a través de la importación de productos más baratos y de buena calidad para los consumidores (y, al mismo tiempo, forzar a los productores a ser más competitivos), ha resultado en la más grande falacia (no se analizará aquí la razón). Los enormes ahorros que se logran, producto de este intercambio comercial, jamás han sido trasladados -ni siquiera parcialmente- al consumidor panameño (en su mayoría, personas de escasos recursos). Por el contrario, se han convertido en una seria amenaza para la producción nacional, generadora directa e indirecta de miles de puestos de trabajo. Al tener Panamá uno de los jornales mejor pagados de Centroamérica (de lo cuál, incluso, debemos sentirnos orgullosos) y ante la imposibilidad de subsidiar la producción nacional, la tan cacareada palabra competitividad suena a burla macabra. Con todo, podemos ingeniarnos y salir adelante con estrategias coordinadas a todos los niveles y entre todos los actores del sector, en vez de dividirnos o dejar que nos dividan. El alto costo de los alimentos en Panamá no es responsabilidad de nuestros productores, de su ineficiencia o baja competitividad. No son ellos los que se están llevando la mayor parte de las ganancias a manos llenas. Ellos son, de hecho, los que más arriesgan y los que menos reciben en el negocio de la producción, importación y comercialización de alimentos.
Es cierto que hay productores que todavía se aferran a sus prácticas tradicionales de producción (incluyendo cultivos para los cuales ya no son competitivos y tecnologías obsoletas o desfasadas) que, con no poca frecuencia, riñen con la filosofía del desarrollo sostenible. También es cierto que se requiere de un mayor grado de organización de los productores para facilitar la introducción e implementación de tecnologías de punta y las buenas prácticas agrícolas en sus sistemas de producción, así como adentrarse en el mundo de la inteligencia de mercados, para poder competir con mejores posibilidades de éxito en el entorno mundial actual. Es en estos temas, precisamente, en que los programas de organización y soporte a la producción deben concentrar sus esfuerzos coordinados para lograr los cambios e impactos deseados en la verdadera, sistematizada y constante modernización de nuestra agricultura. Por otro lado, también hay muchos productores nacionales de avanzada, progresistas, competitivos y abiertos a los cambios del entorno, receptivos y con visión empresarial, dispuestos a enfrentar los nuevos retos que plantea la globalización y la apertura de los mercados, que tienen fe en el futuro de nuestro país y en las oportunidades que se presentan en el sector agropecuario panameño, que merecen todo nuestro reconocimiento, respeto y apoyo solidario.
La reciente propuesta de crear una nueva autoridad o institución en materia fito y zoosanitaria, con plena autonomía administrativa y normativa, deja sumido al MIDA en una encrucijada sin precedentes. Algunos aducen que el “problema” estriba en que este Ministerio ha estado actuando como “juez y parte” ya que, por un lado, ejerce el rol de autoridad fito y zoosanitaria del país (papel de juez) y, por el otro, es el guardián o protector de la producción nacional en materias, por ejemplo, de fomento y de negociaciones comerciales (papel de parte), entre otras. Pero, ¿cómo defender y preservar eficazmente los mejores intereses del país (la salvaguarda del patrimonio fito y zoosanitario y la sostenibilidad de nuestra pequeña pero muy importante producción nacional) del asedio de sectores económicos, nacionales y extranjeros, regidos por criterios netamente economicistas y mercantilistas (que no están obligados, ciertamente, a velar por el desarrollo socioeconómico de los panameños), provocando la separación de estas funciones del MIDA que causaría, indefectiblemente, una brecha en la autoridad y en la capacidad de negociación y de toma de decisiones? Si, como se ha propuesto, se llega a crear la citada autoridad o institución fitosanitaria autónoma, esta deberá contar con una Junta Directiva, como máximo organismo rector. Si en esta Junta Directiva, por ejemplo, se permitieran representantes y/o simpatizantes de estos poderosos sectores económicos, ¿no se estaría vulnerando la autonomía y la verdadera independencia de criterio que se requiere en los temas fito y zoosanitarios, dejándola a la merced de estos grupos? ¿No sería esto, verdaderamente, ser juez y parte? La seguridad alimentaria de una nación, dentro de la cuál están inmersos la regulación de la producción agropecuaria y la protección del patrimonio fito y zoosanitario, son temas de Estado estratégicos que deben mantenerse bajo el control oficial absoluto. Esto no quiere decir, por supuesto, que no se interactúe y consulte la opinión de estos importantes sectores económicos, que tienen mucho que decir y que aportar al desarrollo de la Nación.
El sector agropecuario panameño, en su conjunto, enfrenta la mayor crisis existencial de su historia. Hay que navegar, para no naufragar en el agitado mar neoliberal (que, luego de sus buenos propósitos originales ha degenerado en un hipercanibalismo comercial), pero hay que hacerlo con pericia, inteligencia y elegancia, analizando a profundidad todos los escenarios posibles. Las reglas del “juego” nos son impuestas por quienes detentan el poder económico mundial. Si la competencia fuese justa (es decir, si los países ricos no subsidiaran sus productos agropecuarios, no manipularan las exportaciones agropecuarias de nuestros países imponiendo cuotas a su gusto y antojo, no se aprovecharan -con alevosía- de sus economías de escala, etc.), no habrían excusas. Pero, mientras esto se logra (ahora resulta que los países en vías de desarrollo tienen que dar una moratoria a los ricos para que desarmen su andamiaje de megasubsidios a sus producciones agropecuarias y elaboren nuevas estrategias), ¿tenemos que dejar de cuidar la producción nacional de cultivos sensitivos (tal como se ha planteado en este artículo) en aras de un “libre comercio” que solo existe en los textos de los convenios comerciales? ¿Acaso no existen muchos otros productos agrícolas no sensitivos en los que la apertura comercial ya es total? Existen algunas alternativas viables que nos permitirían mantenernos a flote y con viento propicio, a salvo de los tsunamis neoliberales que azotan nuestras economías pero que requieren de una visión integral, sistémica, así como de una acción intersectorial coordinada.
