La República de Panamá es muy joven y está atravesando por una serie de graves crisis socioeconómicas por las que tienen que transitar todos los países faltos de evolución social, en la ruta hacia su desarrollo socioeconómico. En Panamá esto se agrava pues los panameños han estado sometidos a prolongadas influencias foráneas -desde antes del inicio de la república hasta hace poco más de un lustro (ver Consolidación de la Nación Panameña y de la Panameñidad, en este blog)- lo que ha impedido que tomen plena conciencia de su identidad como Nación y que no hayan desarrollado un esprit de corps o espíritu de grupo (o de unión). Esto los hace actuar de forma reactiva (a la defensiva o al contragolpe), anárquica y disociativa (en distintas direcciones o en direcciones opuestas), haciendo que el país no avance al ritmo que debería, al no hacer un uso óptimo de las abundantes bendiciones que la Madre Naturaleza (Dios) les otorgó.
El desgaste social que se ha generado por años, producto de esta errónea y perjudicial actitud, es muy grande. Es por esta razón que los “pases de factura” y el “juega vivo” están muy arraigados en la psiquis del panameño y constituyen los motores principales que controlan su modo de pensar y actuar. Los pases de factura traen consigo la crisis social, política e institucional por la que atraviesa el país; el juega vivo es símbolo de la doble moral y la corrupción.
La actual crisis del sector educativo panameño es un claro ejemplo de lo que trata de ilustrarse en este escrito sobre la falta de equidad y la psicología del panameño. Sabiendo que se avecina el referéndum por la ampliación del canal interoceánico, los educadores panameños han utilizado el momento preciso para exigir al gobierno de turno un incremento salarial. El razonamiento, a la luz del equivocado comportamiento reactivo que se ha señalado, es: "somos miles de educadores, nuestro voto (y el de nuestras familias) tiene un peso específico muy grande que podría inclinar la balanza y el gobierno -que necesita del voto del educador en esta coyuntura nacional- tendrá que acceder a nuestras demandas salariales o, de lo contrario, castigaremos con los votos al proyecto de ampliación del canal, que morirá en su cuna". Esto es independiente de si los educadores merecen un incremento salarial (en efecto, lo merecen, igual que muchos otros panameños agremiados o no agremiados), de si el aumento exigido rebasa las posibilidades financieras reales de la Nación (ya que, siguiendo la lógica del razonamiento central de este artículo, si se aprueba el incremento a los educadores otros gremios poderosos también pedirían el suyo, por lo que el gobierno tratará de dilatar la negociación, hasta el último momento, para evitar una catástrofe económica nacional), de si el sistema educativo nacional requiere de una reforma profunda e integral (empezando por la formación académica, ética y moral de los educadores, la supervisión y los programas de actualización y perfeccionamiento), de si los padres de familia no están cumpliendo con la importante misión de formar adecuadamente a sus hijos (¿cómo podrían si gran parte de los hogares están formados por madres solteras muy jóvenes o parejas muy jóvenes con una formación de hogar incompleta, sin preparación académica y, por ende, incapaces de enfrentar sus propios problemas del diario vivir y, mucho menos, de orientar y apoyar apropiadamente sus hijos?) o de si es verdaderamente necesario el tercer juego de esclusas para la sostenibilidad del canal (ver El Proyecto de Ampliación del Canal Interoceánico de Panamá, en este Blog). El asunto podría empeorar si otros gremios, para pescar en río revuelto, se sumaran al movimiento de los educadores, creando un efecto de dominó que desestabilizaría completamente el país y acarrearía funestas consecuencias socioeconómicas para Panamá. Da pena y causa dolor que quienes están llamados a ser modelos e instruir la juventud panameña en los altos valores patrióticos, civiles, éticos, morales y espirituales sean los primeros en dar la espalda a estos sagrados principios, así como al presente y futuro de este país, por un fin tan mediocre como egoísta (ya el gobierno entregó una propuesta de incremento salarial razonable que se ajusta a la capacidad actual del Tesoro Nacional y considerando muchos otros compromisos pendientes con otros sectores). Afortunadamente, todavía quedan muchos educadores conscientes que piensan como panameños y que se oponen vigorosamente a la actitud extremista de ciertos líderes magisteriales y educadores que han antepuesto sus intereses mezquinos a los de la Patria. Estos educadores, de verdadera vocación y patriotismo, han asumido una actitud pro activa y están dispuestos al diálogo sensato y civilizado con las autoridades educativas nacionales por el logro de sus justas aspiraciones gremialistas, por el retorno a clases (para nutrir con su conocimiento y discernimiento a los educandos) y por la paz, el progreso y la estabilidad nacionales.
El desgaste social que se ha generado por años, producto de esta errónea y perjudicial actitud, es muy grande. Es por esta razón que los “pases de factura” y el “juega vivo” están muy arraigados en la psiquis del panameño y constituyen los motores principales que controlan su modo de pensar y actuar. Los pases de factura traen consigo la crisis social, política e institucional por la que atraviesa el país; el juega vivo es símbolo de la doble moral y la corrupción.
La actual crisis del sector educativo panameño es un claro ejemplo de lo que trata de ilustrarse en este escrito sobre la falta de equidad y la psicología del panameño. Sabiendo que se avecina el referéndum por la ampliación del canal interoceánico, los educadores panameños han utilizado el momento preciso para exigir al gobierno de turno un incremento salarial. El razonamiento, a la luz del equivocado comportamiento reactivo que se ha señalado, es: "somos miles de educadores, nuestro voto (y el de nuestras familias) tiene un peso específico muy grande que podría inclinar la balanza y el gobierno -que necesita del voto del educador en esta coyuntura nacional- tendrá que acceder a nuestras demandas salariales o, de lo contrario, castigaremos con los votos al proyecto de ampliación del canal, que morirá en su cuna". Esto es independiente de si los educadores merecen un incremento salarial (en efecto, lo merecen, igual que muchos otros panameños agremiados o no agremiados), de si el aumento exigido rebasa las posibilidades financieras reales de la Nación (ya que, siguiendo la lógica del razonamiento central de este artículo, si se aprueba el incremento a los educadores otros gremios poderosos también pedirían el suyo, por lo que el gobierno tratará de dilatar la negociación, hasta el último momento, para evitar una catástrofe económica nacional), de si el sistema educativo nacional requiere de una reforma profunda e integral (empezando por la formación académica, ética y moral de los educadores, la supervisión y los programas de actualización y perfeccionamiento), de si los padres de familia no están cumpliendo con la importante misión de formar adecuadamente a sus hijos (¿cómo podrían si gran parte de los hogares están formados por madres solteras muy jóvenes o parejas muy jóvenes con una formación de hogar incompleta, sin preparación académica y, por ende, incapaces de enfrentar sus propios problemas del diario vivir y, mucho menos, de orientar y apoyar apropiadamente sus hijos?) o de si es verdaderamente necesario el tercer juego de esclusas para la sostenibilidad del canal (ver El Proyecto de Ampliación del Canal Interoceánico de Panamá, en este Blog). El asunto podría empeorar si otros gremios, para pescar en río revuelto, se sumaran al movimiento de los educadores, creando un efecto de dominó que desestabilizaría completamente el país y acarrearía funestas consecuencias socioeconómicas para Panamá. Da pena y causa dolor que quienes están llamados a ser modelos e instruir la juventud panameña en los altos valores patrióticos, civiles, éticos, morales y espirituales sean los primeros en dar la espalda a estos sagrados principios, así como al presente y futuro de este país, por un fin tan mediocre como egoísta (ya el gobierno entregó una propuesta de incremento salarial razonable que se ajusta a la capacidad actual del Tesoro Nacional y considerando muchos otros compromisos pendientes con otros sectores). Afortunadamente, todavía quedan muchos educadores conscientes que piensan como panameños y que se oponen vigorosamente a la actitud extremista de ciertos líderes magisteriales y educadores que han antepuesto sus intereses mezquinos a los de la Patria. Estos educadores, de verdadera vocación y patriotismo, han asumido una actitud pro activa y están dispuestos al diálogo sensato y civilizado con las autoridades educativas nacionales por el logro de sus justas aspiraciones gremialistas, por el retorno a clases (para nutrir con su conocimiento y discernimiento a los educandos) y por la paz, el progreso y la estabilidad nacionales.
La mayoría de los gremios y ciudadanos reaccionarían de manera idéntica. Ciertamente, este no es un comportamiento exclusivo de los educadores. Esta destructiva y conflictiva actitud representa un escollo enorme para el desarrollo integral del país pues lo limita grandemente. Es un asunto de urgencia notoria para el Estado y todos los gobiernos implementar las acciones correctivas que sean necesarias (capacitación, concienciación, promoción, etc.). Los que, de verdad, sienten amor por este país maravilloso deben hacer causa común y, en el entorno en que viven o se desempeñan, hacer lo que esté a su alcance para tratar de revertir esta situación.
Panamá, a pesar de ser un país extraordinario, desde muchos puntos de vista (incluyendo la riqueza genética de su población, su ubicación geográfica y su rica biodiversidad natural), adolece de muchas inequidades socioeconómicas que tienen que ser corregidas, lo antes posible, para que el país pueda avanzar, firmemente, hacia un desarrollo integral sostenido y equilibrado. Habría que comenzar por una profunda reestructuración de todo el Sector Público, sistémica y sistemática, para erradicar la burocracia y el tortuguismo crónico que lo asfixian (agilizando los trámites y procedimientos legales), adecuando las leyes a las exigencias que demandan los entornos nacional y mundial, incentivando las inversiones locales y extranjeras y promoviendo la lealtad, la dedicación, la eficiencia, la honestidad y las actitudes correctas en los Servidores Públicos.
Un buen comienzo sería establecer, finalmente, la tan largamente esperada Carrera Administrativa para el Servidor Público. Desde el principio, tiene que hacerse bien, transparentemente, sin subterfugios, pensando solo en el bienestar y la estabilidad del país y de todos los panameños. Esta Ley garantizaría la estabilidad del Servidor Público (sin importar su filiación política) y su desempeño laboral (mediante un sistema de evaluación objetivo e independiente). Para muchos, hoy día, esta sería una decisión política descabellada, pero es la única manera de rescatar la dignidad de los servidores públicos que se ven en la necesidad de negociarla para lograr una frágil estabilidad laboral o, simplemente, un puesto de trabajo temporal (para agravar la situación, el desempleo es alto y las ofertas de trabajo en el sector privado no suplen la demanda, por falta de incentivos y leyes adecuadas para el fomento de la inversión). El gobierno actual está dando pasos muy firmes para que, en pleno siglo 21, el Servidor Público de la República de Panamá cuente, por primera vez, con una estabilidad laboral que solo dependa de su dedicación y responsabilidad laboral y que lo haga sentirse orgulloso de servir al Estado panameño.
Una buena ley de Carrera Administrativa necesita de un complemento importante que contribuiría al establecimiento de un sistema verdaderamente equitativo de la gestión pública: una Ley General de Salarios e Incentivos Salariales. Esta Ley establecería un sistema salarial uniforme para todos los servidores públicos, sujeto a revisión periódica, basado en los méritos alcanzados (escolaridad, nivel académico, actualizaciones, antigüedad, logros, etc.) y en un sistema de incentivos salariales adicionales, vinculado al desempeño laboral. Ya no serían necesarias las Leyes Especiales existentes en la actualidad que se lograron a base de luchas gremialistas y que, en su momento, fueron una solución parcial a la falta de expectativas salariales decorosas para el Servidor Público. Estas Leyes Especiales han contribuido, sin ser ese su fin, a profundizar aún más la situación de inequidad imperante. También simbolizan el alto grado de individualismo y disociación social del panameño. Una Ley General de Salario contribuiría a unir, aún más, al pueblo panameño y a hacerlo sentirse orgulloso de ser parte de esta Nación.
Con estas dos leyes, el Sector Público panameño ganaría grandemente en estabilidad laboral y salarial. El país daría un gran salto en lo que a equidad respecta, poniéndose a la par de los países desarrollados. Ya no habría necesidad de que los distintos gremios o agrupaciones de servidores públicos estén cabildeando o midiendo fuerzas con los gobiernos de turno, comportándose como una oposición política. Tampoco sería necesario que estuvieran a la caza de eventos coyunturales, como es el caso actual con los educadores y el referendum por la ampliación del canal, que -a todas luces- es un vulgar chantaje que denota falta de calidad y deslealtad con la Nación pues a los temas de Estado no se les pone condición (la ciudadanía podría preguntarse cuál habría sido la intención de voto de los educadores, si el gobierno hubiera aprobado el incremento salarial que exigen). Los gremios o agrupaciones de servidores públicos concentrarían su acción en temas trascendentales como, en este caso, la mejora del sistema educativo, la formación de los docentes y la calidad de la educación. Los educadores estarían dedicados a la adecuación del sistema educativo panameño -de la mano con las autoridades del MEDUC- a las exigencias del entorno y muchos otros temas de importancia estratégica para la educación del país que desde hace mucho tiempo no se abordan.
Estas leyes son estratégicas para la institucionalidad, la paz social y el desarrollo de Panamá. Ojalá que el gobierno de turno y el que siga incluyan ambos temas como prioritarios en sus agendas de trabajo. Harían un gran servicio a la patria...
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