Derogación de la Ley 72 de la Zona Libre de Colón

Los hechos acaecidos en las ciudades de Panamá, Colón y el resto del país desde el 19 de octubre pasado, cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley 72 (que sustituía el Decreto de Ley 18, de 17 de junio de 1948, que hace 64 años creó la Zona Libre de Colón) que el Presidente de la República sancionó, son irresponsables, vergonzosos y dejan mucho que desear del pueblo y la sociedad panameños.  Los videos de la prensa internacional que informaron sobre estos tristes hechos han dado la vuelta al mundo proyectando una imagen desastrosa y muy lamentable de nuestro país.  Un país que, hasta la semana pasada, no se sabe ahora, tenía grado de inversión, el mayor crecimiento económico de todo el Continente Americano, empleo total por vez primera en la historia nacional, una cantidad de nuevos programas de interés social (entre estos: 100 para los setenta, la beca universal, la entrega de miles de computadoras portátiles Classmate PC con software y soporte de Internet en las escuelas, para estudiantes de escuela secundaria de los grados décimo, undécimo y duodécimo), una cartera de estratégicas obras públicas realizadas o en avance para apoyar el progreso y modernización sostenidos de Panamá (la ampliación del Canal Interoceánico, la creación del Metro Bus en reemplazo del infame y obsoleto sistema de transporte público de los Diablos Rojos, la construcción del Metro de Panamá, la ampliación y modernización de la red vial nacional, entre otras muchas obras), en contraste con el país que el gobierno actual del Presidente Ricardo Martinelli recibió hace poco más de tres años.

Lo más triste de todo es la bochornosa debacle que ocurrió ayer, 26 de octubre, auspiciada y organizada magistral y diabólicamente por la extrema izquierda (SUNTRAC), la oposición política panameña que, cobardemente, no dio la cara (PRD y Varelismo, más que Panameñismo), ciertos medios masivos de comunicación social y algunos de sus periodistas más representativos, de todos conocidos (TVN, TV 4, Telemetro y La Prensa, principalmente), así como algunos miembros de la llamada Sociedad Civil.  La destrucción sistemática y sin sentido de la propiedad pública y privada, el asqueroso saqueo al comercio y las instituciones públicas no tiene nombre y solo pudieron ser ejecutados por seres desviados, sin Dios ni Ley.  Es un acto vandálico irracional realizado por los perpetradores directos (aupados por la oposición política panameña en general, la SUNTRAC, la mal llamada Sociedad Civil y demás confabulados), una pandilla salvaje de exacerbados piedreros y maleantes de la más baja calaña y un grupejo de “líderes” trasnochados, fracasados y amargados, de distintas denominaciones, que sembraron el pánico en todo el país, especialmente en las ciudades de Panamá y Colón.  El verdadero autor y protagonista de esta terrible desgracia, que le quede bien claro al mundo, NO ES EL PUEBLO PANAMEÑO (sea de oposición, gobierno o independiente), noble, solidario y magnánimo por naturaleza y tradición.  Son los siniestros y ya conocidos panameños que siempre se disfrazan de víctimas, de corderos o se agazapan en las sombras para frenar y truncar las esperanzas más legítimas del pueblo panameño (derecho a paz, justicia, progreso, educación, salud, desarrollo humano) con el fin de acceder al poder, sin importar los medios, para secuestrar el país y enriquecerse sin límite, sin moral y sin escrúpulos, a costa del futuro de Panamá.  Son tan descarados, tan cínicos e inmorales, que hoy intentan culpar al gobierno nacional de sus excesos y desafueros.  ¡Qué miserables!  Tarde o temprano, Dios, la Justicia y la Historia los juzgarán…Lo más curioso y extraordinario es que, todavía, hay algunos ciudadanos que les creen...

La Ley 72, que sustituía la obsoleta Ley del año 1948 (que, desgraciadamente para los colonenses, continuará vigente a partir del próximo lunes 29 de octubre) era buena para el país y, más, para la provincia Colón.  La venta de los terrenos no afectaba para nada la soberanía ni el patrimonio de la Nación pues las tierras no pueden ser transportadas a ningún otro país y el Estado panameño puede enajenarlas, en cualquier momento, de justificarse esta acción.  Si fuese así, no habría que permitir a ningún extranjero comprar fincas o tierras en Panamá para construir su vivienda o las  infraestructuras para sus negocios (de cualquier índole legal).  Es, simplemente, ridículo, por decir lo mínimo.  Por otro lado, los usuarios, el comercio internacional, el país y los gobiernos panameños, desde 1948, han recibido enormes beneficios de las actividades de la Zona Libre de Colón, pero NO los colonenses.  Luego de la compra de los terrenos, las empresas de la ZLC tendrían que haber pagado los respectivos impuestos al Estado panameño, lo que representaba enormes beneficios adicionales.  Además, la Ley 72 hubiera permitido a las empresas de la ZLC mejorar su competitividad, frente a la de empresas de otras zonas francas e invertir en mejoras sustanciales de sus infraestructuras y en la modernización de sus equipos y operaciones.  Ojalá que esta situación no cree el caldo de cultivo que propicie una desbandada de empresas hacia otras zonas y países con mayor flexibilidad operacional y estabilidad socio política dando inicio al derrumbe de este emporio comercial de las Américas, de marca mundial (hay quienes esperan esto con mucha ansiedad).  Se ha calculado que las pérdidas diarias de la ZLC, por efectos de esta desafortunada coyuntura, ascienden a CIEN MILLONES DE BALBOAS DIARIOS, sin contar con las pérdidas estatales (millones de Balboas) por los dineros que no se podrán cobrar, en concepto de impuestos y servicios por las operaciones de las empresas.  Es un verdadero desastre de grandes magnitudes e implicaciones para Panamá, causado por la ambición desmedida y la torpeza de algunos malos panameños…

No es la primera vez que le sucede esto mismo al gobierno actual.  Los asesores del gobierno, incluyendo los del Ejecutivo, deben ser llamados a capítulo pues es totalmente injustificable e intolerable que no hayan aconsejado al gobierno que, primero, se divulgara y consultara masivamente el Proyecto de Ley 529 en todas las instancias de la sociedad panameña, para conocer su opinión y qué enmiendas sugerirían.  La  televisora estatal, Canal 11, debe jugar un papel muy activo en la promoción de las actividades, planes y programas de gobierno y el gobierno debe invertir recursos en modernizarla y darle cobertura nacional.  Este papel de divulgación y educación a la ciudadanía lo ha venido desarrollando, valientemente, el Canal 35 PLUS (y su emisora hermana FM 88.9), a través de su equipo de comentaristas especializados, pero tampoco tiene cobertura Nacional.  De este modo, se habría generado un fructífero intercambio de información.  Todo apuro trae cansancio y, a escasos dos años del fin de la excelente gestión del Presidente Martinelli y su equipo, habiendo alcanzado una inusitada popularidad de más del 60 %, lo que se imponía claramente era cuidarla a toda costa con acciones políticas coherentes y de ser posible acrecentarla o, en el peor de los casos, mantenerla.  Este modo de proceder habría permitido al gobierno anticipar cualquier escenario socio político y decidir el mejor rumbo a seguir: dejar el proyecto de Ley 529 para un mejor momento político (o, quizás, un nuevo período gubernamental) o lanzarse de lleno a su materialización como una nueva Ley, si la lectura socio política lo indicaba.  ¿Es esto muy difícil de deducir?  Ni siquiera hay que ser un político experto para darse cuenta de lo que más convenía.  El Presidente Martinelli goza del apoyo y la simpatía popular pero la ciudadanía en general está harta de las inconsistencias que llevan a desastres como el actual y que, con un poco de sentido común, pueden anticiparse.

El gabinete del Presidente Martinelli cuenta con algunos Ministros que son brillantes y han hecho un tremendo papel en sus respectivos Ministerios (para citar dos, el Ministro de Economía y Finanzas y el de la Presidencia).  Estos Ministros, además de la magnífica gestión en su cartera ministerial, son activos promotores de las acciones gubernamentales, visitan constantemente los medios de comunicación y dan la cara por el gobierno.  Hay otros, pocos, como ellos.  Lamentablemente, la mayoría de los Ministros no dan la cara por el gobierno que los ha distinguido y mantenido, prefiriendo pasar agachados y limitados a su esfera ministerial mientras el Presidente se debate, valiente y esforzadamente, en un tinglado político criollo totalmente hostil.  Se hace imperativo que los señores Ministros sean más beligerantes y apoyen con decisión al Presidente.

El partido del gobierno, Cambio Democrático, también debe dar un apoyo más decidido al Presidente Martinelli, en el sentido de salir a defender abierta, pacífica e inteligentemente su gestión gubernamental, en vez de ser un mero espectador.  Su tarea es ser un verdadero dínamo en lo que a promoción de las acciones y propuestas del gobierno se refiere, más en una gestión en que la oposición política ha sido la más férrea que se recuerde en los últimos lustros.  Desde el inicio, la oposición no ha cesado en su intención malévola de boicotear, irresponsablemente y sin sentido de patria, todos los intentos del gobierno del Presidente Martinelli en construir un mejor país, económica, social y políticamente.  El Presidente se ha quedado solo, luchando por traer mejores días para el país y el pueblo panameño que lo eligió…

La sociedad civil tiene que organizarse y manifestarse de alguna forma, pacíficamente, para defender la democracia que tanta sangre y sufrimientos costó al pueblo panameño, luego de más de dos décadas de humillante dictadura militar, durante la cuál no se respetaron ni la vida, ni la honra ni los bienes de los ciudadanos, de lo que hay muchísimas vivencias y evidencias.  ¿Quiere el pueblo panameño más de esto?  Los ciudadanos tienen que decidir, desde lo más profundo de su ser, qué se quiere para Panamá y los panameños (ver: "¿Qué queremos los panameños para Panamá?, 14 de mayo, 2007, en este Blog").  Hay que salir a pregonar y demostrar que el pueblo panameño apoya la democracia, la paz y la convivencia pacífica entre los panameños y los que han elegido nuestro país para vivir...

Finalmente, tiene que haber una investigación prolija de los tristes acontecimientos ocurridos en el país, en torno a la creación de la Ley 72 y los bochornosos actos de vandalismo y saqueo acaecidos en los últimos días, contra la propiedad pública y privada, que desembocaron en la derogación de esta Ley.  Panamá no puede continuar así, con una institucionalidad tan débil y vulnerable.  Hay que fortalecer las instituciones, especialmente las llamadas a mantener el orden público y la justicia.  Los responsables  de esta tragedia nacional tienen que ser sometidos a la justicia, que deberá ser aplicada con toda rigurosidad.  A los culpables debe aplicárseles todo el peso de la Ley, tienen que ser castigados ejemplarmente.  El país lo necesita para demostrar que hay seguridad jurídica y certeza de castigo.