Dicho y hecho…La consigna de los indígenas de la etnia Ngäbe es dilatar lo más posible cualquier acuerdo con el gobierno, para subvertir el orden público e incitar a la sedición general. Es un plan bien concebido por quienes están detrás de los indígenas sediciosos para tomarse el poder pues la ambición desmedida y el deseo de poder de estos grupos está por encima de la Patria. El pueblo panameño tiene que abrir bien los ojos y leer entre líneas, no sea que éstos apátridas y sus secuaces destruyan todo lo que se ha logrado en los pocos años de democracia que llevamos. El gobierno tiene que pararse firme, mantenerse dentro del orden constitucional y no permitir que los sediciosos ni nadie lo altere, poniendo en peligro la democracia que ahora disfrutamos y que tanto sufrimiento y vidas costó. Quien diga que ahora en Panamá no hay democracia ni libertad de prensa, está hablando de otro país o de un Panamá en otra dimensión.
Ya falta poco para que los Ngäbe sediciosos le mienten la madre, en buen panameño, al Presidente de la República, aprovechando los medios de comunicación masiva que cubren los incidentes. Le han dicho casi de todo, con un lenguaje soez y un irrespeto sin límites que ya es chocante. Esto indica la falta de nivel, la falta de educación y de clase de estos indígenas sediciosos que, ciertamente, no representan a la mayoría de los Ngäbe. A través de los medios se escuchan las demandas de las autoridades comarcales y de jóvenes indígenas sediciosos que, en abierta insurgencia, insultan al gobierno, especialmente al Presidente de la Nación, que fue escogido por abrumadora mayoría popular (con excepción de la comarca Ngäbe Buglé, donde el actual Presidente perdió ampliamente), con toda suerte de improperios y amenazas. Luego, contradictoriamente, exigen que se les respete. Incluso, la cacique ha manifestado abiertamente que el documento firmado, que contiene el acuerdo alcanzado hasta este momento, es un simple papel, indicando con esto que no necesariamente lo acatarán. ¿Acaso no es esto una muestra fehaciente de que solo están ganando tiempo para las siguientes etapas de su tenebroso plan y se burlan del gobierno y el pueblo panameño? ¿Qué otra prueba se necesita para que el gobierno y el pueblo panameño tomen conciencia de la peligrosa situación en que se debate el orden establecido, la gobernabilidad y la democracia panameñas? ¿Y qué de la imagen que está proyectando el país cuando un pequeño grupo de indígenas sediciosos, manipulados por mentes torcidas, es capaz de hacer tambalear los estamentos sociales e institucionales y todo el país? Esto está programado por los verdaderos autores intelectuales de este desafuero, que pretenden romper el orden constitucional para tomarse el país, imponer sus ambiciones y no tener que esperar un nuevo período electoral, como es normal en un sistema democrático bien establecido. También por los que, irresponsable y criminalmente, quieren pescar en río revuelto para obtener provecho de esta grave crisis nacional.
Es algo increíble que la gobernabilidad, el progreso y el futuro de Panamá puedan ser vulnerados tan fácilmente. Esto pone de relieve la fragilidad de nuestras instituciones y la inmadurez del pueblo panameño que, en general, es fácil y rápidamente seducido por sentimientos y percepciones -sujetas a manipulación- y no por hechos o realidades (ver en este Blog: Consolidación de la Nación Panameña y de la Panameñidad, julio 2006; ¿Qué queremos los panameños para Panamá?, mayo 2007). Si el país cuenta con una flamante Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), que hace tiempo debió ser elevada al rango de Ministerio, sus estudios de impacto ambiental deberían ser reconocidos por su seriedad e idoneidad a toda prueba. Y si en el país no existieran especialistas verdaderamente idóneos y reconocidos en medir los impactos de la minería y la construcción de hidroeléctricas, estos deberían ser contratados. De este modo se contaría con los mejores diagnósticos posibles y con las más eficaces medidas de mitigación que harían sostenibles ciertas operaciones mineras y la construcción de hidroeléctricas, que fueran aprobadas por los estudios realizados por los consultores contratados, utilizando metodología científica y tecnología de punta.
En Panamá, actualmente, casi todo el mundo es especialista o experto en mediciones de impacto ambiental, lo que significa que no hay confianza en la ANAM. Hay abogados, arquitectos, biólogos generalistas, agrónomos y otros profesionales que han participado en uno o más cursillos de medición de impactos ambientales para obras pequeñas de impactos fácilmente medibles que, en verdad, no están capacitados y mucho menos están calificados para evaluaciones de grandes magnitudes, como las de la minería y la construcción de hidroeléctricas, que requieren de una estimación de impactos ambientales rigurosamente científica y profunda. Sin embargo, son considerados los grandes expertos y hablan por los medios con gran probidad y autoridad, creando gran confusión en la sociedad. Estos “expertos” saben de todo: de biología marina, de minería, de hidroeléctricas, etc.. Estas son evaluaciones muy sensibles y hay que dejarlas en manos de verdaderos profesionales en la materia.
Si un estudio de impacto ambiental verdaderamente científico indicara que, por el nivel de impacto, no es conveniente una explotación minera o la construcción de una hidroeléctrica, en una ubicación específica, el gobierno de turno estaría obligado a acoger la recomendación; caso contrario, el gobierno tendría luz verde para proceder a la construcción, con la implementación de las medidas de mitigación recomendadas para que la operación de la hidroeléctrica sea sostenible en el tiempo; o sea, contaría con toda la autoridad constitucional para ejecutar la obra. No debería haber cuestionamientos al respecto, ya que se trata del progreso del país y de la mejora de la calidad de vida de todo el pueblo panameño. Parte de los argumentos que enarbolan los Ngäbe para oponerse a la construcción de las hidroeléctricas, son: que el gobierno planea comercializar parte de la producción (asumen que, entonces, no se requieren las hidroeléctricas) y que la empresa de un pariente del Presidente está aspirando a que se le adjudique la construcción. Al respecto, si hay excedentes en la producción de energía eléctrica, en un momento dado, ¿qué tiene de cuestionable que se vendan, hasta que el propio desarrollo del país los demande? También señalan que un familiar cercano del presidente es dueño de una de las empresas constructoras proponentes. Si esto no es permitido por la Ley, simplemente, no podría participar; si es permitido, no tiene sentido protestar. Así de sencillo. Todo se basa en la Ley vigente y es encomiable que la ciudadanía esté pendiente de estos detalles.
En fin, el gobierno tiene que asumir su rol en esta crisis y preservar su autoridad constitucional y la gobernabilidad del país, tomando las decisiones que sean correctas, sin ceder ante la presión de los Ngäbe sediciosos y sus cómplices intelectuales, de algunos políticos de oposición y de otros actores que actúan desde las sombras. La ciudadanía tiene que respaldar las decisiones del gobierno, en defensa del orden establecido, de la institucionalidad, de la estabilidad, de la gobernabilidad y de la democracia. Jamás se puede permitir que estos malos panameños echen por tierra todo lo que se ha logrado desde 1989, cuando la oprobiosa dictadura militar llegó a su fin. Los miles de Ngäbe que no apoyan la sedición deben organizarse y manifestarse ante la faz del país pues sus congéneres sediciosos están bloqueando su derecho a disfrutar de una mejor calidad de vida y a progresar.
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